Este lunes, 15 de junio, las asociaciones profesionales culturales de la región acudirán a la Comisión de Trabajo de Cultura, constituida dentro del Acuerdo del Diálogo Social de Cantabria ante la Covid-19 firmado el 28 de abril por tanto por el Gobierno regional como por los sindicatos y la CEOE, con el Manifiesto por la Cultura, un documento consensuado y respaldado por una treintena de asociaciones nacionales, una declaración de intenciones que incluye una serie de líneas estratégicas comunes a todos los sectores culturales y demandadas en todas las Comunidades Autónomas por los distintos colectivos implicados.
El objetivo de este Manifiesto por la Cultura es que sirva como documento base en la Comisión de Trabajo por la Cultura dentro del Diálogo Social, puesto que se hace necesario un amplio diálogo social que otorgue a la cultura su valor como bien común, y como eje estratégico en la transición hacia un modelo productivo que cree empleo de calidad y promueva la revisión de modelos de gobernanza y gestión. Las asociaciones profesionales culturales de Cantabria confían en que la Mesa de Diálogo Social se convierta en un espacio de participación y busque consensos para la toma de decisiones y el seguimiento de las acciones.
Desde las asociaciones firmantes de este Manifiesto por la Cultura se anima a otras del sector, a nivel local y nacional, a unirse a las mismas demandas y se exhorta al Gobierno de Cantabria a escuchar y trabajar conjuntamente en línea con los puntos recogidos en este manifiesto, tal y como se desprende del espíritu del Acuerdo Adicional Cuarto del Acuerdo del Diálogo Social para el plan de reconstrucción, Estudio y propuesta de otras medidas complementarias y de apoyo al sector de la Cultura (entre otros). Un dato: Una inversión del 0,4% del presupuesto público se convierte en un 3,2% del PIB nacional y un 3,6% del empleo.
En el 90º día desde que se decretó el estado de alarma, la Asociación Cántabra de Empresas Productoras de Artes Escénicas (ACEPAE), el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), la Asociación de Profesionales de la Danza de Cantabria Movimiento en Red, la Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria (PECCA), la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Cantabria (AGACC), el Gremio de Editores de Cantabria, Libreros Asociados de Cantabria (LAC), la Asociación Cántabra de Profesionales de Circo (ACPC) y la Unión de Empresas y Profesionales de la Cultura y el Espectáculo de Cantabria (UEPCEC), manifiestan lo siguiente:
1. Derecho a la Cultura. Los Gobiernos, central, autonómico y municipal, deben velar por el derecho a la cultura de la ciudadanía. La cultura es libertad creativa y en la Constitución Española se define, no como un lujo dirigido a las élites, sino como un eje vertebrador de la sociedad democrática. La Constitución, en su artículo 44.1, establece la obligación de los poderes públicos de garantizar el acceso de los ciudadanos a la cultura y el deber de promover la cultura como derecho inalienable de todos los españoles.
2. Pacto por la Cultura. La cultura debe considerarse como bien de primera necesidad, tal y como ha quedado patente en este periodo de confinamiento derivado de la crisis sanitaria. Por ello, es necesario un pacto nacional por la cultura que incluya a las comunidades autónomas tal y como está proponiendo el Ministerio. La cultura es el cuarto pilar del desarrollo sostenible y, por tanto, una inversión de futuro. Ahora más que nunca, es crucial trabajar con el sector cultural para abordar la cohesión social, la desigualdad y ejecutar programas de patrimonio cultural, creatividad y diversidad accesibles a todas las personas. Para construir los cimientos de la recuperación (y del cambio de modelo productivo) no puede dejarse de lado la cultura pues es parte de la solución.
3. Creación de alianzas interinstitucionales y público-privadas. Se deben establecer alianzas equilibradas y coherentes entre las instituciones nacionales, regionales y municipales en favor de la cultura. Necesitamos administraciones valientes y comprometidas que velen por los derechos de la ciudadanía y del tejido cultural local. Se deben establecer sinergias y colaboraciones con el sector privado para mejorar la coordinación, la efectividad y el impacto de las acciones.
4. Apoyo adecuado a la especificidad del sector. En España, las estructuras culturales se caracterizan por una frágil implantación social y empresarial. Son muchas pero de muy pequeño tamaño y sus trabajadores y trabajadoras dependen de contratos temporales de corta duración y elevada intermitencia. Por ello, se debe proteger a todos los agentes culturales que participan en la cadena de valor del ecosistema cultural (público, privado y social), con el objetivo de sostener las estructuras (empresas, autónomos y asociaciones profesionales) y el empleo existente. Es necesario tener en cuenta las especificidades del sector cultural a la hora de diseñar ayudas a profesionales y empresas para llevar a cabo actividades culturales.
5. Ampliación de los presupuestos para Cultura. Los presupuestos públicos deben aumentar en todas las convocatorias de apoyo al tejido cultural existentes, con una nueva reformulación según las necesidades detectadas y consensuadas con los profesionales. Además, deben complementarse con apoyos de emergencia o extraordinarios en esta crisis.
6. Plan de garantía de liquidez. Es urgente asegurar la liquidez financiera del tejido cultural del sector para que este pueda hacer frente a sus obligaciones y no desaparezcan sus profesionales. Algunas medidas pueden ser: una línea de liquidez (vía adelanto de saldos pendientes a favor que se puedan tener con la administración por tributos, subvenciones pendientes de cobrar, ayudas directas, etc.), la bonificación del pago de los tributos locales, la condonación de pagos afectos a la realización de la actividad, el mantenimiento del 100% de los procedimientos de contratación artística y cultural para lo que resta de 2020 y priorización de las empresas regionales en la nueva contratación.
7. Educación para la Cultura. Es prioritario, dentro de una estrategia global de implantación de la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible, abordar planes conjuntos entre cultura y educación. De esa forma, se posibilitará de forma integral la implantación de las artes en el ámbito educativo de la región, a través de programas formativos que fomenten la colaboración entre las administraciones públicas y los agentes culturales privados de esta comunidad autónoma. Además, se podrán desarrollar formas orgánicas de relación y acceso a la cultura por parte de la comunidad educativa, tanto en la generación de nuevos consumidores, como en el fomento del talento artístico.
8. Evaluación de la situación. Es necesario realizar un estudio/evaluación sobre la situación real del sector cultural en Cantabria, incluyendo el impacto socioeconómico de la crisis de la Covid-19, y sobre la cultura como herramienta fiable para la planificación y la toma de decisiones a medio y largo plazo.
9. Plan estratégico y Planes directores municipales de Cultura. Es necesario elaborar, con urgencia, un Plan Estratégico de Cultura para Cantabria. Dicho Plan, que debe coordinar el Gobierno de Cantabria, como los Planes Directores de Cultura que puedan iniciar los Ayuntamientos, deberán desarrollarse conforme a una metodología científica y coordinarse con profesionales, integrando a todas las asociaciones y agentes del ecosistema cultural. Estos documentos deberán, además, ampararse bajo el paraguas de buenas prácticas y recoger la lucha contra la desigualdad en materia de derechos culturales, derechos que son básicos y hoy corren el riesgo de ser cercenados.
10. Diálogo Social por la Cultura. Se hace necesario un amplio diálogo social que otorgue a la cultura su valor como bien común y como eje estratégico en la transición hacia un modelo productivo que cree empleo de calidad y promueva la revisión de modelos de gobernanza y gestión. Estos modelos deben simplificarse para ser más eficientes y justos y para adecuarse a las necesidades del sector cultural. Confiamos en que la Mesa de Diálogo Social, formada por el Gobierno, las empresas y los sindicatos, se convierta en un espacio de participación democrática, que se base en el consenso para la toma de decisiones y ejecute un plan de seguimiento con indicadores para su mejora.