A la espera de conocer en unos días el paquete de medidas que el Gobierno se ha comprometido a aprobar en uno de los próximos Consejos de Ministros para atender a las reivindicaciones del sector cultural, uno de los más afectados por la declaración del Estado de Alarma, a nivel regional, por ejemplo, la Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria (PECCA) ha planteado, a este respecto, su propia 'vacuna', una hoja de ruta con propuestas que se están trabajando actualmente con las instituciones y que se dividen en cinco grupos: Financiación, Fiscalidad, Contratación, Ayudas y Subvenciones, y Fomento de la Actividad, cada uno de ellos con medidas específicas que intentan abarcar las diferentes casuísticas de tan heterogéneo sector.
En el primero de los capítulos, la Financiación, se pide la concesión de ayudas para el mantenimiento de empresas, asociaciones y profesionales durante la crisis, así como un fondo para cubrir las pérdidas por lucro cesante a partir de la habilitación de cuantificación de daños y otro de emergencia para autónomos intermitentes, o la creación de líneas de microcréditos específicas con un interés del 0%, el abono urgente de las actividades que hayan sido realizadas hasta la fecha y cuyo promotor sea bien el Gobierno de Cantabria o un Ayuntamiento. En relación a la Fiscalidad, a nivel autonómico y al margen de pedir el apoyo del Gobierno regional para asuntos solicitados en el ámbito nacional, se pide la exención de las tasas municipales para todas las empresas y profesionales del sector con menos burocracia y sin necesidad de un proyecto de actividades.
Siguiendo por la Contratación, se pide no perder los presupuestos para las actividades programadas en espacios públicos al tiempo que se solicita el aplazamiento de las contrataciones fijadas en EnREDarte y la ejecución total presupuestaria de Escena Pro en este ejercicio. Además, se considera que los próximos semestres la actividad deberá aumentar para absorber las funciones anuladas y que se deben aplazar las actividades ya concertadas dentro del ejercicio 2020. Si es imposible el emplazamiento en 2020 se deberán buscar fechas en 2021, incorporando los importes correspondientes como remanentes para ese ejercicio y conservando su objeto. También se plantea potenciar actividades formativas de artes escénicas, danza, artes plásticas y visuales, de música y literarias... en los centros de educación reglada, y un programa expositivo autonómico y municipal.
En el apartado de Ayudas y Subvenciones, se pide la creación de nuevas líneas en ese mismo doble ámbito, poniendo especial atención en aquellos artistas y agentes no regularizados institucionalmente o empresarialmente, lo que se traduce en convocatorias específicas que valoren la profesionalidad y no en base a requisitos de actividad económica regularizada, la creación y dotación presupuestaria de otras para la creación que descentralicen la oferta actual pero también para el pago de acciones necesarias antes de reiniciar la actividad como desinfección y limpieza, el soporte para gastos corrientes de carácter estructural y la actualización tecnológica. Se pide, igualmente, la revisión de las convocatorias de 2020 para adecuarlas a la situación actual con mejoras consensuadas en los procesos de valoración y adjudicación.
Finalmente, en el ámbito del Fomento de la Actividad, se reclama un acuerdo interadministrativo que permita la puesta en marcha de un Plan Estratégico de Cultura que abarque este periodo de crisis así como el posterior de reactivación de la actividad cultural, una vez haya pasado dicha crisis, y que debería incluir acciones para llevar a cabo durante la misma (creación de arte digital, apoyo remunerado a espacios para ofrecer residencias artísticas y la creación de un espacio de trabajo I+D+I+C), campañas de imagen y promoción de los espacios escénicos, festivales, muestras y/o empresas del sector... pero también, por ejemplo, la exención de tasas para actuaciones en la vía pública hasta finales de 2021.
Dentro de este capítulo, se reivindica el apoyo al desarrollo del Estatuto del Artista, Creador y Trabajador de la Cultura desde el ámbito territorial, petición que incluye la aprobación, por todos los grupos políticos en el Parlamento de Cantabria, de una Proposición No de Ley (PNL) que exhorte al Gobierno de España al desarrollo inmediato de las medidas que faltan por desarrollar. Estas son algunas de las claves de la Vacuna cultural de PECCA, plataforma que ha consensuado las mismas con la Asociación Cántabra de Empresas y Profesionales de Artes Escénicas (ACEPAE), la Asociación de Profesionales de la Danza de Cantabria 'Movimiento en Red', Asociación Cántabra de Profesionales del Circo (ACPC), Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), Libreros Asociados de Cantabria (LAC), Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Cantabria (AGACC) y Gremio de Editores de Cantabria.
Mientras tanto, el Gobierno regional, tras sumarse al Pacto de Estado por la Cultura -para proteger al sector durante esta crisis sanitaria, diseñar medidas que posibiliten su impulso y reactivación tras la pandemia y determinar un marco que garantice su estabilidad ante futuras crisis-, ha anunciado la puesta en funcionamiento hoy lunes, 20 de abril, de una oficina específica para el asesoramiento sobre los programas de ayudas del Estado y de la Comunidad Autónoma en el teléfono 942243451 y en este email. El vicepresidente del Ejecutivo cántabro, Pablo Zuloaga, también ha anunciado la convocatoria de un concurso para definir el Plan Estratégico de Cultura, que fije los objetivos a largo plazo del sector para potenciar su peso en la economía cántabra, y esta semana, con el objetivo de abordar todas estas cuestiones, la celebración de una convocatoria extraordinaria del Consejo de Cultura de Cantabria.
Según los datos recogidos por el propio sector, un 95% de las empresas y profesionales cántabros consultados han visto parada completamente su actividad durante el tiempo que está vigente el estado de alarma, una situación excepcional para un sector ya de por sí frágil y precario. La cultura de Cantabria se enfrenta a una crisis que pone en peligro la existencia de cientos de empresas del sector que aportan al PIB cántabro no menos del 3%. Por este motivo, el colectivo reclama estas medidas ante la posibilidad de que el impacto, de prolongarse esta crisis más allá de junio, pueda superar unos 110 millones de euros de pérdida solamente de manera directa.