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La justicia condena al ex-supervisor de la Filmoteca

La magistrada presidenta del tribunal del jurado que debía enjuiciar al supervisor de la Filmoteca de Cantabria entre 2003 y 2019 acusado de apropiarse de 34.971 euros ha dictado hoy lunes, 23 de mayo, sentencia condenatoria de un año de prisión y tres años de inhabilitación para empleo o cargo público al considerarle autor de un delito de malversación de caudales públicos. La sentencia recoge el acuerdo alcanzado por la fiscalía, la acusación particular que ejerce la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte -que gestiona la Filmoteca- y la defensa del acusado. Las tres partes presentaron en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial un escrito de conformidad, por lo que hoy se ha celebrado una vista para ratificar el acuerdo y no será necesario constituir el jurado que debía enjuiciar al trabajador de la Filmoteca. La resolución explica que el acusado tenía encomendada la tarea de recoger la recaudación diaria de taquilla, guardarla en una caja fuerte en su despacho y una vez a la semana ingresarla en el banco.


Sin embargo, 'obrando con esa confianza, entre los meses de mayo de 2017 y septiembre de 2018 incorporó a su patrimonio personal la cantidad de 34.971 euros, dinero obtenido de la taquilla y que no ingresó en la cuenta bancaria de la Sociedad a pesar de los requerimientos hechos al efecto al apercibirse en el verano de 2018 de que el último ingreso de efectivo de las taquillas correspondía a diciembre de 2017, si bien sí entregaba las hojas de taquilla'. En su defensa, el ahora condenado manifestó que lo había destinado a la adquisición y pago en metálico de unos ciclos de películas, aportando para su justificación dos facturas.

'Sin embargo, hechas las oportunas gestiones, las mismas no habían sido pagadas realmente, aunque como favor personal al acusado los responsables de estas habían hecho constar que sí estaban abonadas', señala la sentencia. Explica la resolución que los pagos a proveedores de la Filmoteca se realizan siempre por transferencia bancaria y que el acusado carecía 'de toda capacidad para contratar ciclos de películas o hacer abonos en metálico de esos importes'. El que fuera supervisor fue suspendido de empleo y sueldo en octubre de 2018, y despedido en enero de 2019. Por estos hechos, el acusado ha sido condenado como autor de un delito de malversación de caudales públicos, con la concurrencia de la atenuante muy cualificada de reparación del daño, ya que ha pagado 14.424 euros y ha alcanzado un acuerdo de reparación extrajudicial con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte –entidad gestora de la Filmoteca Regional- para el pago del resto del dinero.