Aunque la 'cultura', por su propio significado, debería estar al margen de este tipo de rencillas, lo cierto es que cualquier contacto con la política, por leve que sea, parece dejar secuelas nocivas. El caso en cuestión: aún cuando existe la posibilidad de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el Juzgado de lo Social Número 3 de Santander ha señalado que el despido del coordinador de la Biblioteca Central y Archivo de Cantabria, empleado de la Sociedad Regional de Cultural y Deporte, fue nulo porque la motivación fue su afiliación política al PRC, lo que supone que la decisión supuso una vulneración de su derecho fundamental.
Según la sentencia, al empleado se le comunicó el pasado 24 de Enero el despido por motivos disciplinarios, al observarse una disminución 'voluntaria e injustificada' de su rendimiento, aunque se reconocía, igualmente, que era un despido improcedente, ante la dificultad de acreditar los hechos. El empleado, por su parte, consideraba que el despido no sólo era improcedente, sino también nulo, porque el motivo real era su condición de afiliado del PRC.
La sentencia se remite a una serie de declaraciones, realizadas entre Marzo y Abril, por el entonces diputado del PP José Antonio Cagigas sobre la política de contratación basada en el 'nepotismo' del en ese momento consejero de Cultura, Javier López Marcano (PRC), en las que citaba expresamente a este empleado como cuñado del que era consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín (PSOE), dentro de una relación de empleados contratados por afinidades ideológicas o personales que detallaba el parlamentario. Luego se remite a otras declaraciones, cuando el PP ya estaba en el Gobierno, en las que se criticaron las contrataciones de Marcano, citando a este trabajador, al que se le comunicó su despido meses después.
Estas declaraciones, las primeras de Cagigas, son para el juez una 'evidencia' de las opiniones del PP sobre las contrataciones en estas empresas y un 'indicio racional' para 'sospechar' los motivos del posterior despido. Estas declaraciones se aceptan en el plano político, pero llevadas al plano laboral le hacen cuestionar que los despidos sean 'por razones ajenas a motivos organizativos o empresariales'. Se apunta, igualmente, que en la carta de despido no se especifican los motivos, lo que hace 'deducir', o 'cuanto menos sospechar', que las causas eran motivos 'ajenos' y 'no jurídicos', y, a la vista de los hechos, el magistrado apunta a la 'afinidad política'. Esta 'sospecha razonable' se convierte así en 'convicción judicial' y supone que el despido vulneró el derecho fundamental a mostrar afinidad concreta con un partido político, en este caso, el PRC.
A expensas de lo que el posible recurso judicial pueda confirmar o no, lo cierto es que ¿a alguien se le escapa que, tras los cambios de gobierno propiciados por unas elecciones, llega el turno de las purgas?. Sin brazaletes ni marcas de otro tipo, pero lavativas y enemas corren por doquier: despidos salientes y nombramientos entrantes. Los tuyos por los míos, legislaturas de ida y vuelta. Independientemente de los partidos políticos, sus siglas y colores, los trajes de unos y otros han sido cortados por el mismo patrón.