VFM Investments Group for Europe, promotora del proyecto de la Ciudad del Cine, ha reiterado la "viabilidad" jurídica y económica del mismo, y ha asegurado el "perfecto cumplimiento" de los compromisos adquiridos en su momento con el Gobierno de Cantabria y con los ciudadanos de la región, en especial los de Miengo. VFM sale así al paso en un comunicado a las declaraciones de la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, en relación con este proyecto, al tiempo que confirma su intención de continuar adelante con el mismo y reclama al Ejecutivo que "desvele" las verdaderas razones que motivan su "oposición ciega" a la iniciativa.
La entidad recuerda que hay un procedimiento de declaración de PSIR y por tanto toda la relación jurídica que le vincula con el Ejecutivo ha de verse "exclusivamente" a la luz de la legislación en la materia. En este sentido, precisa que quien "marca las pautas" del procedimiento no es el Ejecutivo, sino "única y exclusivamente" el legislador y que las resoluciones adoptadas "por cualquier Gobierno de un determinado color político vinculan a otro posterior". Así, señala que "basta" que cualquier ciudadano cruce la legislación con el expediente administrativo para que advierta que "no hay ningún tipo de incumplimiento" por su parte.
Tanto es así, recalca, que, "sólo se ha realizado un verdadero reproche jurídico" a la firma por parte de la consejera, que "no es otro" que la posibilidad de que el acuerdo del Gobierno anterior (PRC-PSOE) pudiera estar "viciado" por el supuesto hecho de que la firma no estuviese constituida a 31 de julio de 2008, momento en que se inicia el trámite administrativo.
Al respecto, aclara que en el Registro Mercantil de Madrid ya el día 17 de junio de 2008, es decir "mes y medio antes" de dicha fecha se procedió a la inscripción inicial con carácter provisional de VFM, estando en este punto "plenamente en regla" con la legislación española en materia de derecho de sociedades para hacerse acreedora a la declaración de PSIR, "aún cuando estuviese en trámite su inscripción definitiva". Es más, añade, que este extremo, entre algunos otros, fue ya objeto de enjuiciamiento judicial en doble instancia por los tribunales de la región, con resultado "absolutamente favorable" para VFM.
Por tanto, considera que "cualquier acción" del Ejecutivo en contra de proseguir la tramitación del procedimiento administrativo "sería arbitraria" y opuesta al Estado de Derecho, con las responsabilidades que ello comportaría, advierte.
De este modo, "queda descabalgada de manera irrefutable" a su juicio la acusación de la consejera de que VFM "no existe", y "tan sólo la mala fe o la falta de rigor en la información manejada por el ejecutivo puede continuar sustentando lo contrario", agrega.
Respecto a la viabilidad económica del proyecto, indica que una cuantía de capital "equivalente a 500 MM€" se encuentra consignado por sus socios financieros a favor de la firma en uno de los "más importantes" bancos europeos "presto" para su entrada en España, tras la preceptiva aprobación de las autoridades monetarias españolas de todos los trámites legales procedentes.
En este punto, invita al Ejecutivo a mantener una reunión con los representantes de VFM e inversores para que no quede "la más mínima duda" de la existencia de esos recursos financieros. En este sentido, destaca que "en cualquier país o región que haga gala de seriedad", sus gobernantes no tengan "ningún inconveniente" o en recibir a inversores, actitud que "está muy lejos" del trato otorgado a la firma por el actual Gobierno de Por otra parte, señala que frente a la "actitud de rechazo" hacia el proyecto "desde el primer día" por parte del Ejecutivo del PP, la suya ha sido siempre "seria, leal y comprometida" con los intereses de Cantabria, y cota como muestra de ello la entrega por la de la "Carta de Compromiso Inversor" por parte de sus socios financieros el pasado 20 de junio, ratificada el 8 de agosto. Una muestra, dice que fue "prácticamente desatendida" por el Gobierno, ya que su reacción fue "menospreciativa" con sus intenciones.
Asimismo, y en aras a la "transparencia", prosigue, pusieron en contacto al Gobierno con el banco con el que había convenido su intermediación en la gestión de la traída de dichos recursos monetarios para intentar que el Ejecutivo tuviera una "ratificación directa" de dichas gestiones, dada su "negativa y agria actitud marcada por un recelo infundado". Explica que después que esa entidad bancaria exigiera una carta o documento del Gobierno a que comunicase lo ya tramitado hasta la fecha y lo que queda aún pendiente, hace unos días comunicó que no continuarán con su gestión.
"Nuestra sorpresa ha sido que dicho banco niega que conozca a nuestra firma y asevere que jamás ha tenido relaciones de ninguna naturaleza con nosotros", recalca, y añade que. dicha entidad bancaria deberá "dar cumplida cuenta" de todas las relaciones que han mantenido con VFM, además de la documentación que tienen en su poder, lo que les requerirán formalmente aportando una declaración jurada por su parte de las reuniones mantenidas, lo que "dejará claramente probado" que VFM "jamás ha utilizado el buen nombre" de dicha entidad "en pro" del logro de sus "legítimos intereses y objetivos".
VFM considera que con estas consideraciones han querido ser "lo suficientemente categóricos" para "rebatir" los "desacertados" argumentos que a su juicio ha esgrimido el Gobierno en contra de este proyecto y, particularmente, de esta firma, y solicita al Ejecutivo que "diga públicamente la verdad" y desvele "las verdaderas razones que motivan su oposición ciega" al proyecto, "muy probablemente basadas en razones o compromisos políticos", apunta.
Al tiempo, asegura a los ciudadanos la "seriedad" del proyecto, que "no es fruto de una alucinación pasajera de algún iluminado ni de la búsqueda de algún tipo de enriquecimiento injusto, sino que es el resultado del trabajo honesto y honrado de un amplio grupo de profesionales.
Concluye que la entidad "continuará luchando honestamente" para conseguir la transferencia monetaria de los recursos financieros desde el sistema bancario londinense que le permita la "ejecución efectiva" de su "gran proyecto" en Cantabria, a pesar "la poca o nula disposición mostrada persistentemente por el Ejecutivo sin ninguna causa real que lo justifique".
Tanto es así, recalca, que, "sólo se ha realizado un verdadero reproche jurídico" a la firma por parte de la consejera, que "no es otro" que la posibilidad de que el acuerdo del Gobierno anterior (PRC-PSOE) pudiera estar "viciado" por el supuesto hecho de que la firma no estuviese constituida a 31 de julio de 2008, momento en que se inicia el trámite administrativo.
Al respecto, aclara que en el Registro Mercantil de Madrid ya el día 17 de junio de 2008, es decir "mes y medio antes" de dicha fecha se procedió a la inscripción inicial con carácter provisional de VFM, estando en este punto "plenamente en regla" con la legislación española en materia de derecho de sociedades para hacerse acreedora a la declaración de PSIR, "aún cuando estuviese en trámite su inscripción definitiva". Es más, añade, que este extremo, entre algunos otros, fue ya objeto de enjuiciamiento judicial en doble instancia por los tribunales de la región, con resultado "absolutamente favorable" para VFM.
Por tanto, considera que "cualquier acción" del Ejecutivo en contra de proseguir la tramitación del procedimiento administrativo "sería arbitraria" y opuesta al Estado de Derecho, con las responsabilidades que ello comportaría, advierte.
De este modo, "queda descabalgada de manera irrefutable" a su juicio la acusación de la consejera de que VFM "no existe", y "tan sólo la mala fe o la falta de rigor en la información manejada por el ejecutivo puede continuar sustentando lo contrario", agrega.
Respecto a la viabilidad económica del proyecto, indica que una cuantía de capital "equivalente a 500 MM€" se encuentra consignado por sus socios financieros a favor de la firma en uno de los "más importantes" bancos europeos "presto" para su entrada en España, tras la preceptiva aprobación de las autoridades monetarias españolas de todos los trámites legales procedentes.
En este punto, invita al Ejecutivo a mantener una reunión con los representantes de VFM e inversores para que no quede "la más mínima duda" de la existencia de esos recursos financieros. En este sentido, destaca que "en cualquier país o región que haga gala de seriedad", sus gobernantes no tengan "ningún inconveniente" o en recibir a inversores, actitud que "está muy lejos" del trato otorgado a la firma por el actual Gobierno de Por otra parte, señala que frente a la "actitud de rechazo" hacia el proyecto "desde el primer día" por parte del Ejecutivo del PP, la suya ha sido siempre "seria, leal y comprometida" con los intereses de Cantabria, y cota como muestra de ello la entrega por la de la "Carta de Compromiso Inversor" por parte de sus socios financieros el pasado 20 de junio, ratificada el 8 de agosto. Una muestra, dice que fue "prácticamente desatendida" por el Gobierno, ya que su reacción fue "menospreciativa" con sus intenciones.
Asimismo, y en aras a la "transparencia", prosigue, pusieron en contacto al Gobierno con el banco con el que había convenido su intermediación en la gestión de la traída de dichos recursos monetarios para intentar que el Ejecutivo tuviera una "ratificación directa" de dichas gestiones, dada su "negativa y agria actitud marcada por un recelo infundado". Explica que después que esa entidad bancaria exigiera una carta o documento del Gobierno a que comunicase lo ya tramitado hasta la fecha y lo que queda aún pendiente, hace unos días comunicó que no continuarán con su gestión.
"Nuestra sorpresa ha sido que dicho banco niega que conozca a nuestra firma y asevere que jamás ha tenido relaciones de ninguna naturaleza con nosotros", recalca, y añade que. dicha entidad bancaria deberá "dar cumplida cuenta" de todas las relaciones que han mantenido con VFM, además de la documentación que tienen en su poder, lo que les requerirán formalmente aportando una declaración jurada por su parte de las reuniones mantenidas, lo que "dejará claramente probado" que VFM "jamás ha utilizado el buen nombre" de dicha entidad "en pro" del logro de sus "legítimos intereses y objetivos".
VFM considera que con estas consideraciones han querido ser "lo suficientemente categóricos" para "rebatir" los "desacertados" argumentos que a su juicio ha esgrimido el Gobierno en contra de este proyecto y, particularmente, de esta firma, y solicita al Ejecutivo que "diga públicamente la verdad" y desvele "las verdaderas razones que motivan su oposición ciega" al proyecto, "muy probablemente basadas en razones o compromisos políticos", apunta.
Al tiempo, asegura a los ciudadanos la "seriedad" del proyecto, que "no es fruto de una alucinación pasajera de algún iluminado ni de la búsqueda de algún tipo de enriquecimiento injusto, sino que es el resultado del trabajo honesto y honrado de un amplio grupo de profesionales.
Concluye que la entidad "continuará luchando honestamente" para conseguir la transferencia monetaria de los recursos financieros desde el sistema bancario londinense que le permita la "ejecución efectiva" de su "gran proyecto" en Cantabria, a pesar "la poca o nula disposición mostrada persistentemente por el Ejecutivo sin ninguna causa real que lo justifique".