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La Ciudad del Cine, entre partes

Después de solucionados los problemas jurídicos que afectaban a la autoría del proyecto de La Ciudad del Cine y las Artes de Cantabria, este macroproyecto cultural y económico en la región se ve ahora envuelto en una nueva situación sobre la que planean ciertas incertidumbres que las partes implicadas, el Gobierno de Cantabria por un lado (que analizó la situación en la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves, 20 de Octubre) y la empresa VFM Investments Group for Europe SLU por otro, tratan de explicarnos desde sus diferentes puntos de vista.

El Gobierno de Cantabria estudia la posibilidad de dictar la nulidad del acuerdo del Ejecutivo anterior que declaró el proyecto de Ciudad del Cine en Miengo (Mogro) como de interés regional, paso administrativo previo a la formulación del PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional). En concreto, la fórmula que estudian los servicios jurídicos del Gobierno para anularlo declarar la lesividad del acuerdo para este proyecto que planeaba salas de cine, auditorios y espacios comerciales, entre otras infraestructuras, en los terrenos de las antiguas canteras de Cuchía. Uno de los puntos en que se fundamentará este declaración de lesividad es que en el momento en que se aprobó esa declaración, Julio de 2008, la empresa promotora del proyecto, VFM, no existía formalmente (se inscribió en el Registro Mercantil tres meses después), según ha revelado la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, para quien esto podría suponer que el acuerdo está "viciado".

Al llegar al Ejecutivo, y ante la "presión" a la que le estaban sometiendo los miembros de la empresa, el Gobierno decidió realizar unas "mínimas comprobaciones", mediante las cuales averiguó que la empresa, una sociedad unipersonal, no había tenido actividad durante los dos años previos ni en Florida (Estados Unidos, donde se encontraba la matriz), ni en la delegación en Madrid. Según la consejera, entre los métodos de "presión" de VFM Investments Group for Europe se encuentra una carta que se le remitió al presidente Ignacio Diego en la que, además de enumerarle las ventajas del proyecto, le pedían una carta en la que respaldara La Ciudad del Cine y las Artes, que a ellos, relataban, les pedía la sociedad Crédit Agricole para facilitarles la financiación. Pero esta entidad desmintió ante el Gobierno que tuviera cualquier tipo de relación con VFM, empresa que, según Díaz, luego esgrimía el "apoyo institucional" del Gobierno cuando presentaba iniciativas ante otros agentes.

En la carta que VFM remitió a Diego el 26 de Septiembre se recuerda que el proyecto supondría, en su primera fase, una inversión de capitales por valor de 600 millones de euros y la creación de 6.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Tras enumerar sucesivos intentos de encuentro con el presidente y con altos cargos del Gobierno, VFM reprochaba en el escrito las "falsas acusaciones" recibidas la pasada legislatura por el diputado 'popular' José Antonio Cagigas --hoy presidente del Parlamento--, así como la "desconfianza" que el propio Diego les transmitió en una reunión celebrada tres días antes de remitirse esta carta. VFM explica en el escrito que para conseguir la financiación, sólo necesitaban, a petición de Crédit Agricole, una Carta de Intenciones del Gobierno de Cantabria en el que garantizara que daría continuidad a la tramitación del PSIR, en un documento que decía que no le "vinculaba jurídicamente".

De no hacerlo, advertía VFM, "entenderemos que su respuesta es no a un serio proyecto de inversión privada por 1.300 millones de euros y no a la creación de empleo durante el próximo lustro en la comunidad autónoma de Cantabria". "Bromas las justas cuando se trata de jugar con la ilusión", le ha replicado a la empresa en rueda de prensa la consejera de Presidencia, quien ha difundido otro escrito, en este caso de la propia Crédit Agricole. En él, esta entidad financiera manifestaba que no tenía "ningún tipo de relación comercial, ni financiera, ni mercantil" con VFM, "ni para este proyecto ni para ningún otro", ni había exigido la Carta de Intenciones del Gobierno. Al contrario, al saber de esta situación, Crédit Agricole pidió a VFM que "cese" en la utilización de su nombre como entidad vinculada a este proyecto, y le pide al Gobierno que no tenga en cuenta las afirmaciones que ha hecho o pueda hacer en el futuro esta empresa.

Por su parte, la empresa VFM Investments Group for Europe SLU ha hecho público un comunicado en el que explican los acontecimientos y trámites en los que se encuentra inmerso, a día de hoy, este esperado proyecto. A continuación, el comunicado de la empresa:

Queridos amigos: ¿Estáis preocupados por la cuenta atrás de nuestro proyecto?.

Muchos os estáis preguntando por qué hemos detenido la cuenta atrás para el inicio de nuestro ambicioso e ilusionante proyecto de inversión, y pensamos que debemos informaros al respecto, puesto que estáis siguiendo con un extraordinario interés, al igual que nosotros como promotores, el próximo y esperado comienzo del mismo, el cual será un auténtico dinamizador para el progreso económico y social de Cantabria, al generar riqueza real y, lo que más importante aún, la creación efectiva de empleo.

Dentro de todo proceso hay pasos rápidos y pasos muy lentos, sobre todo en un proyecto de las dimensiones económicas y tecnológicas como es el nuestro. En efecto, nos encontramos a la espera de un documento oficial del Gobierno de Cantabria, a través de su Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, amparado legalmente por la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, art. 35). Este simple documento es exigido, entre otros, por las autoridades monetarias españolas para la autorización de la entrada efectiva de los recursos financieros que avalan a nuestro proyecto desde los mercados monetarios internacionales en nuestro país. La tardanza en la entrega de dicho documento, de obligado cumplimiento legal por parte del Gobierno de Cantabria, nos ha obligado a paralizar temporalmente la referida cuenta atrás hasta que nos sea entregado el mismo.

En este sentido, creemos que esta tardanza radica en la lentitud que, desgraciadamente, es propia de la acción de la Administración Pública. En todo caso, confiamos en que el Gobierno de Cantabria, a través de la mencionada Consejería, proceda a darnos curso a dicho documento a la mayor brevedad, poniendo en ello la máxima diligencia posible.

Deseamos comunicaros, para tranquilidad de todos, que continuamos trabajando con denodado esfuerzo y responsabilidad en las distintas áreas del proyecto, el cual, D.M. es un gran reto empresarial, pero, sobre todo, un serio y decidido compromiso económico con la sociedad de Cantabria.

Gracias a todos vosotros que nos seguís atentamente a través de ésta página el curso de de desarrollo de nuestro proyecto, y esperamos daros pronto noticias a este respecto.